Hoy día, muchas personas caen en la pobreza desde el momento en que la situación de su estado de salud, su empleo o familia se deteriora. Actualmente hay 1.400 millones de personas que viven en la extrema pobreza, luchando por sobrevivir con menos de 1,25 dólar estadounidense diario; aproximadamente 84 millones más de las que había antes de que golpeara la crisis financiera mundial. El 75% de las personas del mundo entero tienen un acceso insuficiente, o no tienen ninguno, a la seguridad social. Muchas más se encuentran en el riesgo de caer en la pobreza como resultado de salarios insuficientes, desempleo, enfermedad, vejez y otras condiciones que puedan poner en peligro sus medios de subsistencia y dignidad, tales como el cambio climático o la inseguridad alimentaria. Para abordar esta crisis humanitaria y la extrema desigualdad mundial, tenemos que ampliar las garantías básicas de protección social para que cubra a un mayor número de personas y mejorar los actuales sistemas de
protección social La protección social incluye la garantía de:
1) La seguridad de ingresos básicos, en forma de diversas transferencias sociales (en efectivo o en especie), tales como las pensiones para los ancianos y las personas con discapacidad, las prestaciones por hijos, las prestaciones de maternidad, las prestaciones de apoyo al ingreso y/o garantías de empleo y servicios para los desempleados y los trabajadores/as pobres;
2) El acceso universal a servicios sociales esenciales asequibles en las áreas de salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vivienda, así como otros servicios definidos de acuerdo con las prioridades nacionales.
Conclusiones
La posición de la OIT es que las pensiones son un derecho humano y por tanto su regulación debe circunscribirse dentro del Convenio 102 de la OIT, que marca la solidaridad y el fin colectivo como dos de sus más importantes principios. Las pensiones deben ser responsabilidad del Estado, promover la transparencia y la mejor eficacia en la gestión, así como la participación de los interlocutores sociales.
Fuente: Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF) y la oficina de actividades para los trabajadores (ACTRAV).
